Gobierno rechaza la ley de Aportes del Tesoro Nacional
El veto que ha decidido el Gobierno se da en un momento político delicado, especialmente tras los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y las tensiones internas en el oficialismo. Además, no podemos olvidar las repercusiones del escándalo vinculado a los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Recientemente, la Primera Sala del Congreso había aprobado una ley que ha sido consensuada entre las 24 provincias, pero ahora el Ejecutivo ha decidido no proceder con la distribución de los ATN, lo que ha generado preocupación entre los gobernadores, en particular aquellos del bloque de Provincias Unidas. Ellos habían solicitado que no se vetara esta normativa.
El decreto presidencial argumenta que la ley contradice la finalidad original de los fondos ATN. Según el Gobierno, estos fondos no forman parte de la “masa coparticipable de distribución automática”, sino que son un instrumento “extraordinario y de aplicación discrecional” que permite al Estado Nacional responder a situaciones críticas e imprevistas.
Por ejemplo, el decreto menciona la asistencia que se brindó a las provincias durante la pandemia de COVID-19, así como los retos adicionales de emergencias hídricas y económicas de 2024 y 2025. Según el Gobierno, limitar esta capacidad de acción inmediata es un “menoscabo concreto” a sus facultades.
Además, se enfatiza que la solución al problema del reparto fiscal no radica en reformas parciales, sino en alcanzar un consenso amplio y duradero. Por otro lado, se destaca que el veto es una facultad constitucional del Presidente, necesaria para evitar que una ley que busca financiar el gasto normal de las provincias entre en vigencia.
¿Qué son los ATN?
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), como lo menciona la Ley de Coparticipación Federal, está destinado a atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” en los gobiernos provinciales. De acuerdo con la normativa, el 42,34% de los impuestos coparticipables se queda en el Gobierno nacional, mientras que el 56,66% se distribuye automáticamente entre las provincias, y el 1% restante se reserva para los ATN.
Estos fondos se consideran transferencias no automáticas o “discrecionales” porque el Ejecutivo nacional tenía la libertad de decidir cómo repartirlos, sin criterios claros definidos con anterioridad. La ley que fue aprobada por el Congreso pretendía modificar esto, proponiendo que los ATN se distribuyan de manera automática y diaria, como ocurre con el resto de los fondos.
Según el último informe de la Jefatura de Gabinete, a lo largo de 2025, la Nación ya transfirió $84 mil millones a las provincias en concepto de ATN, lo que representa casi un 70% más que lo enviado en todo 2024. Hasta ahora, estos recursos se han girado de manera discrecional, y la nueva ley buscaba cambiar esta dinámica, garantizando previsibilidad y regularidad en la distribución.
En este contexto, el Gobierno también está evaluando cómo proceder respecto a la ley de emergencia en Discapacidad, que ya fue ratificada. Las opciones van desde llevar la normativa a los tribunales hasta reglamentarla de tal manera que su aplicación se vea neutralizada.
El Gobierno vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica
El pasado miércoles por la tarde, el Gobierno decidió vetar la ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada por el Congreso a mediados de agosto y que contemplaba una recomposición de las partidas presupuestarias para las universidades públicas. Se supo que, además, se rechazó la ley de Emergencia Pediátrica (Garrahan).
Con la firma del presidente y de varios ministros del Gabinete nacional, el Ejecutivo echó atrás la legislación que establecía el llamado a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes de acuerdo con la inflación. También incluía la actualización de gastos de funcionamiento y la creación de fondos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. Este esquema planteaba un financiamiento progresivo, que comenzaría en el 1% del PBI en 2026 y aumentaría al 1,5% en 2031.
Entre los motivos del veto, el Gobierno afirmó que la normativa “incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto,” lo que genera un “desequilibrio fiscal” y puede perjudicar especialmente a los sectores más vulnerables.
Además, mencionaron que aumentar el gasto sin un respaldo sólido obligaría al Gobierno a financiarse mediante emisión monetaria, lo cual impactaría en los precios y erosionaría el poder adquisitivo de los salarios.
Por otra parte, es importante resaltar que la administración nacional se comprometió a “lograr el equilibrio fiscal y cuidar los recursos del Estado,” que consideran escasos, con la intención de restablecer el orden en las cuentas públicas.
En el documento del veto, el presidente también destacó que el debate sobre recursos, gasto e ingresos se abordará cuando se envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026, que se anunciará por cadena nacional el próximo lunes a las 21 horas.